El Ecuador cuenta con mecanismos que buscan que las actuaciones de los poderes públicos se ajusten al contenido constitucional. Se trata de las acciones jurisdiccionales, que no son nada nuevo en el mundo. Sin embargo, en nuestro país se quedaban exentos de esta obligación, las decisiones emanadas del poder judicial.

De esta manera, a partir del año 2008, se instituyó la Acción Extraordinaria de Protección, que pretende reparar las violaciones a los derechos constitucionales y/o el debido proceso constitucional que por acción u omisión hayan causado la emisión de resoluciones y sentencias en firme por parte de jueces ordinarios.

También permite el desarrollo de una dimensión objetiva, al constituirse en un medio idóneo para interpretar con mayor profundidad el contenido esencial de derechos constitucionales, y procesos jurisdiccionales con el fin de guiar las actuaciones de las Funciones del Estado y de las personas a luz del marco constitucional.

Esto quiere decir, que la argumentación utilizada por la Corte Constitucional del Ecuador en sus sentencias, apoya y fortalece la interpretación de las normas, aclara su contenido y aporta mayor certeza al momento de administrar justicia por parte de todos los jueces a nivel nacional.

Es por ello que se ha visto la oportunidad de presentar en este documento, los elementos que deben tenerse en cuenta al momento de presentar una acción extraordinaria de protección. Cuando la sentencia que nuestro caso ha recibido, no se ajusta al debido proceso, o vulnera nuestros derechos relacionados con la seguridad jurídica, debemos recurrir a varias fuentes, no solo a la Ley.

Si bien sabemos, la seguridad jurídica es un derecho relacionado con la certeza del ciudadano de conocer de antemano el desenlace de un proceso, la existencia de normas claras, previas y aplicables a nuestro caso, nos permite anticipar el resultado de nuestras peticiones a los funcionarios públicos, entre ellos, los jueces.

De esta manera, la demanda de inconstitucionalidad de una sentencia no es únicamente la petición de “justicia ante la injusticia”, dado que requiere un alto contenido argumentativo que explique la gravedad de la vulneración a los derechos constitucionales por parte del juez. Esta acción debe trascender al caso concreto.

Por estas razones, no es suficiente con que el abogado que ha patrocinado tu proceso lo conozca a profundidad. La demanda deberá contener extensos argumentos tanto de doctrina como de jurisprudencia constitucional. No bastará entonces con pedir a la Corte su justicia, sino darle las razones amplias y suficientes para declarar la vulneración de nuestros derechos.

Los fundamentos jurisprudenciales y doctrinarios que se han utilizado en las miles de sentencias de la Corte Constitucional para estructurar su razonamiento, se encuentran en torno a los casos propuestos para su conocimiento y constituyen las premisas de aplicación de los derechos que ampara. Es decir, son la exposición de los principales argumentos que han delimitado los procesos originarios de la acción extraordinaria de protección.

Ahora que sabes que la sola demanda de acción Extraordinaria de protección no es garantía de una sentencia favorable, pues debe estar correctamente fundamentada, te recordamos que nuestro equipo de profesionales cuenta con la experticia en la materia para identificar todos aquellos elementos que le permitirán a la Corte corregir la injusticia que vulnera tus derechos constitucionales, en especial, el debido proceso.

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